Miguel Mejía H.

SAN JOSÉ ITURBIDE

La exsecretaria de Ayuntamiento en el gobierno 2006-2009 y ahora candidata a regidora por el PAN, Rosalva González Almaraz destacó que los señalamientos hechos por el candidato del PT a la alcaldía, Arnulfo “Fito” Montes, en su contra son infundados.

Por tal motivo convocó a una rueda de prensa, donde consideró que para ganar simpatías el abanderado del PT se quiera erigir como un “paladín de la justicia.

Dijo que es falsa la acusación que hizo Fito Montes respecto a que ella, junto con el entonces alcalde Enrique Arvizu, firmaron un convenio de afectación, ya que el entonces alcalde contaba con la facultad de suscribir convenios a nombre del Ayuntamiento, como lo fue con los propietarios de los predios afectados para la construcción del libramiento Poniente, hoy llamado bulevar Torres Landa.

En ese caso, si participó ella en la firma del convenio, pero para dar fe pública, como lo mandata el marco legal, “razón por la cual no se incurrió, ni incurrí, en ningún acto fuera de la ley respecto a los tres polígonos afectados a la propiedad de Teodardo Zarazúa”.

En dicho convenio, el gobierno municipal aceptó condonar el pago de los permisos de división en predios del libramiento Poniente, así como dar la anuencia de los trámites para restaurant-bar en la comunidad de Viborillas para el afectado.

Pero fue en la administración siguiente, la 2009-2012 cuando se desconoció dicho acuerdo, lo que dio pie a la demanda de los propietarios.

“El 24 de marzo del 2012, en sesión extraordinaria de Ayuntamiento (acta 82), se desconoció el convenio firmado por el alcalde Enrique Arvizu y su servidora, por lo que se negó su cumplimiento, bajo el argumento de que no había sido autorizado por el Ayuntamiento en funciones y porque se trataba de una obra de carácter estatal. Raro, pero así fue. Para la siguiente administración (2012-2015), se reitera que la obra era de carácter estatal, respaldándose en el acuerdo del Ayuntamiento anterior… ¡Raro, nuevamente!”, detalló.

La abogada fue más allá al subrayar que “curiosamente a inicios de la Administración 2015-2018”, y tras tales argumentos, los hermanos Teodardo y Francisco Zarazúa Gutiérrez interpusieron una demanda en contra de los gobiernos estatal y municipal, a fin de que se les resarcieran los daños.

Añadió que para el 7 de marzo de 2016 se presentó la ampliación de la demanda y dos semanas después las autoridades municipales que fueron requeridas (Síndico, Tesorero y Secretario de Obras Públicas), se abstuvieron de dar contestación.

Pese a que se había sobreseído el caso, es decir habían vencido los plazos legales para alguna demanda, la actuación de los gobierno siguientes avivaron la posibilidad de una indemnización.

Sobre Mobil

Por otra parte, Rosalva González indicó que su actuación para la empresa Gas Natural del Noreste, no Mobil (pese a que el combustible sí es de dicha marca comercial), como lo señaló Fito Montes, que consta de tanques de almacenamiento de combustible en las inmediaciones de la comunidad de La Fragua, se realizó para la gestión de permisos municipales, teniendo siempre como sustento la aprobación de dos instituciones del Gobierno Federal: la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Por lo que al cumplir con los requerimientos de gobierno federal negó que se haya incurrido en irregularidades.