Particular hace donación; comunidad pone condiciones

Miguel Mejía H.

SAN JOSÉ ITURBIDE

A dos meses de haberse generado un conflicto social en la comunidad de La Yerbabuena, luego de que un particular se ostentara como dueño de una parte del predio que habitantes adquirieron hace 36 años para un campo deportivo, la solución legal al problema se vislumbra con la decisión del particular de donar el área en disputa y otros 2 mil 400 metros más, pero la comunidad puso sus condiciones.

Tras dos meses de conflicto, el viernes pasado se realizó una sesión extraordinaria, donde el Ayuntamiento determinó aceptar el terreno aledaño al campo de futbol de la comunidad de La Yerbabuena, por parte de un particular.

Ahí se informó que la comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico revisó la propuesta de donación “por parte del ciudadano J. Fernando Cabrera Dorantes, en favor del municipio, con una superficie de cinco mil metros cuadrados, respecto al terreno aledaño y/o que se encuentra alrededor del campo deportivo de la comunidad de La Yerbabuena”.

La condicionante de la donación es que sea utilizado “única y exclusivamente para áreas verdes, gradas, vestidores, baños, juegos infantiles y áreas de convivencia familiar”.

Al someter el punto a consideración se determinó aprobar por mayoría la aceptación del predio, con el único voto en contra por parte de la regidora Verenice Rico Merlo.

La disputa

Fue hace 36 años que varios pobladores de dicha comunidad se cooperaron para comprar el predio por una hectárea al entonces dueño, por lo que hay diversos testigos del hecho.

No obstante, en la actualidad que según aparece un supuesto dueño del predio alrededor del campo, donde hay una escritura y desapareció el contrato de compra-venta que había sido entregado de mano en mano a los delegados municipales, por lo que sospechaban que se trata de un intento de despojo.

El pasado martes 11 de octubre el particular metió maquinaria agrícola para barbechar el campo, labor que fue detenida por los habitantes y posteriormente intervino el secretario de Ayuntamiento, Jesús Omar Jaime Valencia, indicando que se sancionaría al particular.

Se inició una mesa de diálogo entre el gobierno municipal y habitantes de la localidad.

Ahí se indicó que el municipio contaba con una escritura del campo, tras una expropiación realizada en 2007, con una superficie de 7 mil 344 metros, lo que inconformó a los habitantes, primero porque no se les informó de la expropiación siendo un terreno comunitario y segunda que ellos habían comprado 10 mil metros cuadrados, por lo que les faltaban poco más de 2 mil 655 metros cuadrados, mismos que aparecían en la escritura de J. Fernando Cabrera.

Entre demandas y más roces, finalmente con la donación el problema terminaría, ya que además de esos 2 mil 655 metros en disputa, el particular accedería a entregar otros 2 mil 335 metros más.

Por tal motivo, la alcaldesa acudió a darles la noticia a los habitantes el sábado pasado, junto al secretario de Ayuntamiento, pero de nueva cuenta los pobladores se inconformaron por las formas, ya que insistían que ellos no querían más terreno que el que les había sido despojado en las escrituras del particular.

La reunión se tornó ríspida, pero finalmente, se dijo que se tomarían las medidas correspondientes para delimitar la hectárea que corresponde al predio adquirido por la comunidad.

Por lo que el lunes pasado acudiría personal de Obras Públicas para realizar los levantamientos topográficos.

Las condiciones

Ahí, los habitantes hicieron tres peticiones concretas:

Primero que se les entregara un documento firmado por la alcaldesa donde se estableciera que la comunidad “recupera” la hectárea que se adquirió hace 36 años, resaltando que no era donado.

Segundo, que el particular J. Fernando Cabrera “deslinde el área del pozo frente a un Notario Público, y que acepten que el terreno es de la comunidad, que no es del municipio”.

Y el tercer punto, que se sancione al particular “por los daños ocasionados a la comunidad por el proceso legal al que nos sometió y lo exigimos por escrito”.

Dicho documento fue firmado por la alcaldesa como copia del oficio y petición de la comunidad.

Finalmente, se hizo el levantamiento topográfico y revisarían las fracciones de terreno que estaba ofreciendo el particular, ya que se detectaron parte del arroyo y de un predio de otro particular.