Jeshael Rivera Villalón

SAN JOSÉ ITURBIDE

El gobierno de este municipio negociará la sentencia de dos demandas que implican una cantidad superior a los 3.7 millones de pesos derivadas de juicios que no se atendieron debidamente por la pasada administración y por lo cual se dará parte a las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades que haya lugar, indicó el Síndico municipal José Rafael Ledesma Basaldúa

El funcionario notificó al Ayuntamiento el lunes por la noche que el primero de los casos tiene que ver con un juicio del 2020 en el cual hace unos días se recibió una sentencia en la que se obliga al municipio a pagar poco más de 3 millones 526 mil pesos.

En la explicación del asunto dijo que se trata de una “indemnización” por una “reivindicatoria” de un predio cuyo particular acreditó la propiedad y requiere se le haga el pago respectivo.

Ledesma Basaldúa subrayó que tanto en el área jurídica como la sindicatura no se encontró “ningún documento” que haya dejado la administración pasada sobre el asunto.

“Se dio en rebeldía, nunca se contestó absolutamente nada de parte de la anterior administración”, sostuvo.

Ante la situación señaló que se investigó el caso y luego de platicar con el juez se le sugirió que las autoridades lleguen a un acuerdo con la parte actora (el demandante) ya que los vienes del municipio son inembargables.

En ese sentido adelantó que ya se ha puesto en contacto con el particular involucrado para negociar e incluso ya tiene una propuesta de convenio (del cual no se dieron detalles).

Al momento de abordar el asunto el Síndico manifestó que se dará parte a la contraloría municipal para los procedimientos de responsabilidad administrativa que haya lugar contra quienes resulten responsables.

La regidora María de Luz Zarazúa Monjaraz pidió que se asentara en el acta el incumplimiento de funciones de las autoridades pasadas al no defender los intereses del municipio y su homólogo Felipe de Jesús Cabrera Mata que el asunto se turne a las autoridades correspondientes “respecto a los posibles actos de corrupción y conflicto de intereses” en virtud de las partes involucradas y por la afectación a las finanzas municipales.

El segundo caso

Respecto a la segunda sentencia que se está obligando a las autoridades a cumplir, el Síndico manifestó que esta relacionada con un expediente del 2019 en la cual una ex trabajadora de tránsito municipal demando a las autoridades y se le deben pagar poco más de 255 mil pesos.

Con el apoyo del director jurídico Adán Trejo Contreras para exponer el caso se dijo que tampoco se encontró información sobre este expediente en las áreas legales del municipio.

Sin embargo, tras algunas indagatorias se encontró que en algún momento la exsindico municipal trató de “dar cumplimiento a la sentencia” y se llegó a un convenio en el cual se le pagaría cierta cantidad a la demandante y se le reinstalaría en su puesto, sin embargo, no se concretó.

“Ni una cosa ni la otra, ni la reinstalaron, ni le pagaron” precisó el titular del área jurídica local.

Ante ese panorama también se manifestó que ya se tuvieron acercamientos con el abogado de la demandante y se tiene la disposición de llegar a un acuerdo para resolver el asunto ya que la cantidad de 255 mil pesos que se debían pagar puede ser que haya aumentado.

Con todo ese contexto, al interior del Ayuntamiento los ediles aprobaron facultar al Síndico municipal para que lleve a cabo las negociaciones y se suscriban los convenios en ambos casos, pero antes de ejecutarlos deberán ser analizados por la comisión de contraloría.

Cabe señalar que, en el primero de los casos, la regidora María de la Luz Zarazúa Monjaraz se abstuvo de votar por considerar que podría incurrir en una violación a la ley al tener parentesco familiar con la parte actora del juicio.