Redacción

En sesión de la Comisión de Salud Pública se aprobó el dictamen, en sentido negativo, de dos iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato. Una buscaba establecer como obligación del Estado la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, así como de interrupción legal del embarazo; y la otra, reconocer el derecho a la autonomía reproductiva para establecer su garantía, a través de la obligación del Estado para la prestación de los servicios de interrupción del embarazo.

El diputado Antonio Chaurand Sorzano habló en contra del dictamen al señalar que, cada año en México se practican abortos, tanto legales como ilegales, y que las estadísticas muestran que la tasa de aborto inducido es aproximadamente 33 por cada mil mujeres, entre 15 y 44 años.

Argumentó, que era evidente que el aborto es un asunto de salud pública y, a pesar de que se puede prevenir, el aborto peligroso es una de las principales causas de morbimortalidad materna y puede provocar complicaciones físicas y psíquicas, prejuicios sociales y económicos a las mujeres, las comunidades y los sistemas de salud.

El congresista agregó que, el impacto del aborto inseguro o peligroso sería fácilmente prevenible si se implementarán leyes permisivas y servicios de salud accesibles, con personal capacitado y disponibilidad de los insumos adecuados, con los que se ahorraría una gran proporción de los costos derivados de las complicaciones por abortos practicados en condiciones de inseguridad.

Abundó que, penalizar el aborto no evita su práctica, sin embargo, la restricción legal sí conlleva a abortos inseguros o peligrosos y, por ende, a un incremento en la morbimortalidad al no contar con proveedores calificados y condiciones higiénicas adecuadas.

Resaltó que, restringir legalmente el aborto no reduce su práctica, pero sí propicia que las mujeres recurran abortos inseguros, y que la imposibilidad de acceder a una atención para el aborto seguro es un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos.

Finalmente, remarcó que no se trataba de tener una posición política o moral sobre el aborto, sino de una cuestión médica a la que había que responder.

Además, el diputado solicitó que tanto su posicionamiento como los argumentos expresados por sus homólogas en la comisión anterior se incluyeran en las consideraciones del dictamen.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Noemí Márquez Márquez, Angélica Casillas Martínez, Luz Itzel Mendo González y Miriam Reyes Carmona; así como el diputado Antonio Chaurand Sorzano. Además, los acompañó el legislador Roberto Carlos Terán Ramos.