Jeshael Rivera Villalón 

Estado de Guanajuato. – La Constitución Política del Estado de Guanajuato, el código penal y otras leyes serán reformadas para hacer obligatorio para los gobiernos la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, esto, derivado de una serie de iniciativas planteadas por la gobernadora del estado Libia Denisse García Muñoz Ledo.

“Esto con varios propósitos: Uno, que el Estado y los Municipios tengamos la obligación de garantizar el libre ejercicio, pero también la protección de periodistas, y de las personas defensoras de derechos humanos como lo son las buscadoras.

Dos, para aumentar las sanciones al doble, para los delitos que vulneren la libre expresión y la defensa de los derechos humanos, y penas aún más severas cuando sean cometidas por servidores públicos”.

Así se informó por parte de la vocería estatal.

Las iniciativas de reformas ya fueron presentadas al Congreso del estado y con ello, Guanajuato se convierte en el primer estado en el país donde el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del país logra promover esta acción junto con el Ejecutivo Estatal

En cuanto a los cambios en la Constitución estatal, al Código Penal y a la Ley de Protección son propuestas de los reporteros que integran el Consejo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Sofía Negrete, José Meza y Carlos García.

La iniciativa de reforma al artículo primero de la Constitución de Guanajuato señala que “el Estado y los municipios garantizarán la protección y ejercicio de la actividad periodística”.

Otros ajustes propuestos son en el artículo 153 del Código Penal para que el homicidio y las lesiones sean calificadas cuando sean en agravio de defensores de derechos humanos y tengan como finalidad obstaculizar o impedir el ejercicio de sus actividades.

El Código Penal ya contempla como calificado el homicidio y las lesiones cuando las víctimas son periodistas.

Respecto a la modificación al artículo 240 d del Código Penal, propone aumentar las penas para quien use la violencia, el acoso o la intimidación, para impedir que se ejerza la actividad periodística. El Código contempla una pena de cuatro años de prisión y aumentaría a seis años de cárcel.

Además, se incorpora una agravante para aumentar en un 50 por ciento la pena cuando sea cometida por un servidor público. También se tipifican como delito las agresiones contra defensores de derechos humanos.