Redacción

Guanajuato, Gto. –  En sesión ordinaria y en medio de manifestaciones a favor y en contra de la despenalización del aborto en el estado de guanajuato, el Pleno del Congreso del Estado discutió el dictamen de tres iniciativas de reforma al Código Penal.

Al someterse a votación, el dictamen registró un empate, por lo que, con base en el artículo 201 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se repetirá la discusión y votación del asunto en la sesión inmediata siguiente y, si a pesar de estas medidas volviese a empatarse la votación, se reservará el asunto para el periodo ordinario siguiente y si persiste el empate la Presidencia de la Mesa Directiva ordenará el archivo definitivo del asunto.

Como autoras del dictamen hicieron uso de la voz las diputadas Karol Jared González Márquez y María Eugenia García Oliveros.

González Márquez manifestó la importancia de aclarar que el mantener tipo penal del aborto es criminalizar a las mujeres no es verdadero, porque no es lo mismo penalizar que criminalizar, dado que uno significa reconocer una conducta que tiene consecuencias legales, mientras que el segundo concepto implica perseguir a la mujer sin atender sus circunstancias, tratarla como delincuente o detenerla indiscriminadamente.

Agregó que la situación antes mencionada en Guanajuato no ocurre, puesto que en la entidad se busca proteger el derecho de las mujeres a no ser obligada, manipulada o violentada para abortar, junto a que hay estudios científicos comprobados donde más del 70% de los abortos voluntarios fueron abortos forzados.

La congresista indicó que entre todos los derechos el más esencial es el derecho a vivir y que la Corte no obliga a legislar de alguna manera, por lo que en ningún momento se está en desacato, mientras que los amparos que se han otorgado no son de aplicación general y solo benefician a los que lo solicitan.

Finalmente, la diputada externó que la solución está en fortalecer las políticas públicas que verdaderamente respalden los derechos de las mujeres, promover las redes de acompañamiento y la atención médica y psicológica oportuna, acceso a educación y trabajo, así como servicios de cuidado infantil y con ello cerras las brechas de desigualdad con opciones reales para que ninguna mujer se sienta sola y que no tiene salidas.

En rectificación de hechos, el congresista Sergio Alejandro Contreras Guerrero solicitó el voto en contra, al señalar que negarse tajantemente a la despenalización de la interrupción del embarazo en el Código Penal no es proteger la vida, y que eso los aleja de la función de representación social que les fue conferida.

Abundó que no se puede permitir que se persiga penalmente a una mujer que debió practicarse un aborto o interrumpir su embarazo únicamente porque ella decidió involucrarse en una relación sexual y sabía de las consecuencias de hacerlo. Apuntó que, en lo que coincidían ambas posturas es que es necesario buscar, desde el ámbito legislativo, la protección a la vida y la no criminalización de la mujer.

Remarcó que, mantener en el Código Penal el tipo penal con su redacción actual no ha impedido que mujer alguna que quiera interrumpir su embarazo lo haga, y que lo único que provoca es una desventaja para las mujeres que no tienen los medios y el dinero que les permitan acceder a una clínica particular para interrumpir su embarazo.

Finalmente, instó a sus homólogos a abandonar las posturas extremas que los alejan de las coincidencias y por trabajar en generar las circunstancias para que ninguna mujer tenga que encontrarse ante la decisión de interrumpir su embarazo.

También rectificó hechos, el diputado Ernesto Millán Soberanes, quien precisó que el presente dictamen pretende archivar iniciativas que buscan eliminar artículos que buscan criminalizar a las mujeres con aspectos que señalan una indiferencia a los derechos de las mujeres, tomando en cuenta que en la entidad se tiene el registro de 73 carpetas abiertas por aborto.

Agregó que instrumentos internacionales en materia de derechos fundamentales de las mujeres dejan ver que la tipificación del aborto como delito y la falta de atención posterior al procedimiento se considera una violencia en razón de género, por lo que Guanajuato se encuentra con normativas arcaicas y con apego a la violación de derechos humanos.

Por su parte, la legisladora Martha Edith Moreno Valencia precisó que decir que no se despenaliza el aborto por proteger a la mujer en caso de un aborto forzado era mentira, porque la iniciativa de su grupo parlamentario no hablaba de eso.

La diputada María Eugenia García Oliveros hizo uso de la voz, como autora del dictamen, al precisar que estaba en contra de buscar mantener la inconstitucionalidad del Código Penal y, en consecuencia, seguir intentando criminalizar y estigmatizar a las mujeres que ejercen su derecho a decidir.

Afirmó que esta discusión ya fue concluida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por la Corte Interamericana y otros organismos internacionales, y que el debate no era aborto sí o aborto no, ni tampoco cuándo iniciativa la vida, sino que era legalizar para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como su ejercicio pleno.

García Oliveros enfatizó que no existe argumento jurídico que considere el inicio de la vida desde la concepción como base de todos los demás derechos, y mucho menos un mandato para tutelar la vida desde la concepción, a través del uso del poder punitivo del Estado.

Agregó que se desinformó y que en ningún momento propusieron eliminar el delito del aborto forzado, sino que, inclusive a través del voto particular quieren que se castigue con mayor severidad. Resaltó que para su grupo parlamentario se trataba de un asunto de derecho a la salud y de justicia social.

Concluyó al decir que lo que les tocaba era modificar la normativa local para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas, porque como representantes populares su trabajo es velar por el interés público y social; y que el Congreso tenía dos opciones: mantener vigente una norma inconstitucional y estigmatizante, o reformar el Código Penal.

En contra del dictamen, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo precisó que a pesar de las imposiciones de silencio que se han hecho en contra de las mujeres han existido muestras de organización para la lucha y la conquista de derechos de diferentes ámbitos de la vida.

También, la legisladora dijo que el debate de la despenalización del aborto no es hablar de la muerte, sino de justicia, de dignidad y salud pública, toda vez que las mujeres no necesitan un permiso para ejercer su libertad para decidir, sino que el Estado deje de castigar a quienes deciden hacerlo y procurarles condiciones seguras.

Finalmente, la congresista señaló que el debate no busca ir en contra de las creencias o valores personales, puesto que el verdadero objetivo de la discusión es que aquellas mujeres que se han enfrentado a una decisión difícil marcadas por la violencia o pobreza no terminen en una celda o arriesgando su vida en clínicas clandestinas.

Al hablar a favor del dictamen, la legisladora Susana Bermúdez Cano afirmó que el derecho a la vida humana necesariamente tiene que ser desde la concepción, pues era un hecho irrefutable y de sentido común que toda vida humana tiene un principio y un fin; y que el derecho a la vida humana desde la concepción posee un reconocimiento en la ley constitucional y así está reconocido en la Carta Magna.

Remarcó que, la Constitución federal no establece límite o restricción alguna al derecho a la vida humana; por lo tanto, su protección se da desde que ésta inicia, y que con ello se garantiza la vida de todo ser humano desde su inicio que es desde el momento de la fecundación.

Apuntó que les corresponde proteger desde el ámbito penal los bienes jurídicos que son esenciales para la sociedad, entre ellos, la vida humana como derecho natural del ser humano, por lo que, pretender tipificar el delito de aborto a partir de las 12 semanas de embarazo y al establecer la penalidad sólo para el aborto practicado después de ese periodo, se incurre en la desprotección total del producto de la concepción en la primera etapa gestacional.

Finalmente, Bermúdez Cano argumentó que las iniciativas materia del dictamen vulneran el principio de progresividad de los derechos humanos al establecer un límite al derecho a la vida del nasciturus, en contravención con el orden constitucional federal y local lo que provocaría la desprotección absoluta de un bien jurídico constitucionalmente protegido.

En rectificación de hechos, la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco indicó que es falso que ya no se pueda despenalizar el aborto, porque se acaba de aprobar el mantener el concepto de persona en la Constitución, porque la Suprema Corte de Justicia pronunció que dicho precepto es inconstitucional y que no puede ser usado como argumento para negar derechos.

La legisladora mencionó que las personas congresistas tienen la obligación de legislar bajo el más alto índice de protección de derechos humanos para todas las mujeres de Guanajuato en el que se abarca la despenalización del aborto voluntario, junto a que los argumentos que han presentado muestran demasiadas contradicciones por pasar por encima de la Constitución.

Finalmente, precisó que el voto particular subsana las preocupaciones que tienen las legisladoras y legisladores que se encuentran indecisos sobre la postura para no seguir bajo la oposición de la salud y la vida plena de las mujeres en Guanajuato y así demostrar responsabilidad y conciencia de género.

En respuesta, la diputada Susana Bermúdez Cano habló de las condiciones que limitan a las mujeres o inciden en la toma de decisión de las mujeres embarazadas, en las que se acaba con la vida de un ser humano y lleva la madre a un camino de secuelas que no elige con entera libertad.

El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor se pronunció en contra del dictamen, al considerar necesario reformar una norma que es inconstitucional que solo tiene la función de estigmatizar a las mujeres, dijo, para perseguirlas y poner en riesgo su vida y su salud, aunado a que la Suprema Corte de la Nación ha sido clara al señalar que la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo suprime el derecho de las mujeres a decidir.

El legislador refirió que en Guanajuato si existen pruebas de que se sigue criminalizando a las mujeres, puesto que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato sigue abriendo carpetas de investigación por aborto. También comentó que hay más casos por la acción del aborto que por feminicidios.

Finalmente, el diputado señaló que no se debería señalar a otros por las decisiones que toman en favor de su vida, tampoco imponer creencias por encima de la impartición de justicia, y que no se tenga la credibilidad de que se tiene el derecho de restringir los derechos de las mujeres por legislar desde el prejuicio y no desde la razón y el derecho.

Por su parte, el congresista Rolando Fortino Alcántar Rojas manifestó que lo más progresista es el derecho de la vida, y que se debía recordar que lo que se va a votar es un delito que está dentro del derecho a la vida no a la libertad.

Apuntó que el dictamen atiende a las normas constitucionales e internacionales que protegen al concebido no nacido, y que los iniciantes señalan que la Suprema Corte de Justicia ha emitido resoluciones señalando que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta; sin embargo, no señalan en qué se basaron para determinar que estas supuestas limitantes a los derechos de las mujeres sólo ocurren antes y durante las 12 semanas de gestación, pero desaparecen en la semana 12 un día de gestación, cuando el aborto provocado es punible y en ese momento se criminaliza a la mujer.

Alcántar Rojas subrayó que no existe ninguna obligación derivada de Instrumentos Internacionales que obligue a eliminar la protección constitucional y legal de la vida, pues lo que buscan las normas internacionales en materia de derechos humanos es la necesidad de brindar protección legal a la niñez antes de nacer.

Para concluir, resaltó que el aborto sigue siendo un delito en las 32 entidades federativas, pues el elemento de las 12 semanas demuestra que la penalización del aborto es constitucionalmente válida; y que en el caso de las acciones de inconstitucionalidad las resoluciones sólo pueden declarar la invalidez de las normas impugnadas, situación no ha ocurrido en el Código Penal estatal.

En rectificaciones de hechos, la diputada María Eugenia García Oliveros expresó que existe un desconocimiento de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque éstas se refieren a acciones de inconstitucionalidad y no a controversias constitucionales ni juicios de amparo; mientras que, el congresista Rolando Fortino Alcántar Rojas indicó que hasta no hay ninguna acción que obligue al Estado a nada en la materia y que por obligación constitucional tienen la obligación de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Por su parte, el diputado David Martínez Mendizábal manifestó que no es que el Congreso esté obligado, sino que lo que los obliga es que juraron respetar la Constitución Política federal y las leyes que de ella emanen. En su oportunidad, la congresista Hades Berenice Aguilar Castillo precisó que no iban a permitir sus caprichos para perseguir a las mujeres ante una norma que es inconstitucional.

Al pronunciarse en contra, la congresista Martha Edith Moreno Valencia externó que legalizar el aborto permite un mayor acceso a servicios dignos y seguros de salud y que al mismo tiempo se reducen el riesgo de complicaciones médicas, tomando en cuenta que la Organización Mundial de la Salud especifica que el aborto legal y seguro disminuye la tasa de mortalidad materna por abortos clandestinos e inseguros.

Agregó que los países en los que el aborto está despenalizado no muestran información de tener complicaciones en la salud, ni alteraciones del aborto inseguro y mucho menos muertes maternas, además de que se debe tomar en cuenta que las mujeres apelan al aborto cuando no quieren seguir con su embarazo sin importar el estatus de legalidad.

Finalmente, la congresista comunicó que la falta de legalidad en el proceso cuestionado solo alimenta la brecha de desigualdad porque las personas que están en posición de privilegio viajan a otros estados para acceder a servicios de interrupción del embarazo, mientras que se está descuidando a todas aquellas que por la falta de recursos tienen que acudir a la clandestinidad y a la vulnerabilidad por vivir procesos inseguros, desinformadas y en soledad.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Rocío Cervantes Barba señaló que el tema iba más allá de partidos políticos y colores, que se tenía que analizar con conciencia y con suficiente criterio, que no puede ser radicalizado y que no iba a subestimar la inteligencia de quienes estaban ahí por pensar diferente a ella.

Apuntó que, en un tema tan controversial, no existen mayorías y que manifestar que están a favor de la vida no significa que se encuentren en contra de los derechos de las mujeres, pero tampoco quiere decir que al apoyar los derechos de éstas hablan de derechos que son absolutos o se encuentren por encima de otros.

Cervantes Barba resaltó la importancia del derecho a la vida y derecho humano fundamental reconocido universalmente, basado en la idea de que todos los seres humanos tienen derecho a existir y no a ser privados de su vida de forma arbitraria.

Agregó que es posible garantizar los derechos de las mujeres sin tener que recurrir a la despenalización del aborto, promoviendo al contrario el apoyo a la maternidad y fortaleciendo la educación sexual, para concluir al enfatizar que nunca nadie se ha arrepentido de hacer lo correcto, aunque lo correcto implique asumir responsabilidades.

Al someterse a votación el dictamen se registraron 18 votos a favor y 18 en contra.